Las mil 600 hectáreas Las onerosas cuotas de mantenimiento

Remache

Por: Enrique Zúñiga Castillo

Sergio Castillo Padilla

Las mil 600 hectáreas

Las onerosas cuotas de mantenimiento

Las mil 600 hectáreas cuya adjudicación ilícita se le atribuye al hoy procesado Eugenio Hernández Flores tienen antecedentes turbios que trascienden varios sexenios.

Fernando Cano Martínez, un hombre nacido en el Distrito Federal, es uno de los hombres más ricos de Tamaulipas. Pasó de ser un simple propietario de un camioncito de volteo hasta propietario de una flotilla de aviones.

Fue director del consejo de administración  del periódico La Razón que se publica en Tampico.

En 2004, la fracción panista del congreso local denunció actos de corrupción por la venta de mil 600 hectáreas en beneficio de Cano Martínez. El llamado en ese entonces como el “Carlos Ahumada” de Tamaulipas.

Luis Alonso Mejía, diputado local en ese entonces, interpuso una denuncia penal contra Tomás Yárrington Ruvalcaba y el empresario Cano Martínez.

Cano Martínez compró a 87 centavos el metro cuadrado de terrenos entregados por utilidad pública por la Federación para destinarse al ilusorio Canal Intracostero en 1994, obra promovida por el gobernador Manuel Cavazos Lerma.

Ese terreno se entregó en 200, avalado por el congreso local a un fideicomiso llamado Nuevo Santander las mil 600 hectáreas.

El fideicomiso autorizó vender el predio a Cano Martínez a 8 mil 700 pesos la hectárea. Es decir en 1444 millones de pesos lo que en el mercado valía 272 millones de pesos.

En ese tiempo los terrenos valían 320 millones de pesos.

El empresario constructor obtuvo “facilidades” para adquirir 78 hectáreas para desarrollo urbano en una de las zonas de alta plusvalía de Altamira, a través de la empresa estatal Desarrollo Urbano Portuario (Duport)
La adquisición quedó anotada en el Registro Público de la Propiedad con el número 4567 del legajo 6092 del 2002 en la Sección Uno y realizada a dos meses de la compra de los terrenos industriales, el 29 de agosto del 2002, ante el Notario Público Número 278 de Altamira, Sergio Castillo Padilla. Así lo menciona la revista Proceso de junio de 2004. A este notario, Cavazos Lerma fue quien le otorgó la patente. El terreno adquirido está contemplado para uso habitacional y tiene como colindancias la carretera Tampico-Mante, al norte; y la Laguna de Champayán, al sur.

Pero volviendo al fideicomiso, desde su creación fue cuestionado por su falta de transparencia y por la incapacidad jurídica del Congreso local para obligarlo a rendir cuentas. Y fueron precisamente los panistas que hoy gobiernan quienes se opusieron a las sucias operaciones con terrenos altamirenses. Por eso, resulta un tanto ingenua la conducta de Eugenio Hernández Flores de omitir tomar las debidas precauciones para evitar la cárcel. Quién sabe que haya pasado por su cabecita.

Prosigo ahora con otro tema. José Amador Gil, director federal de Educación, hizo un llamado, en 1972, a los directores de las escuelas a actuar de forma profesional con el aprovechamiento de los avances técnicos educacionales. En el puerto jaibo, en ese momento sólo existían tres zonas escolares.

Amador exhortó a dar especial cuidado a los exámenes de fin de cursos con el propósito de abatir en índice de reprobación y que los alumnos resultaran verdaderamente beneficiados.

Lo más destacado en la nota periodística resguardada hasta ahora en un ejemplar del periódico en el Archivo Histórico de Tampico “Carlos González Salas” menciona que el funcionario hizo especial hincapié en la prohibición de ocasionar gastos onerosos a los paterfamilias por motivo de las ceremonias llamadas de graduación cuando los niños culminan su educación primaria.

Está bien que haya qué celebrar tan importante acontecimientos de los infantes, sin embargo no debe generar erogaciones innecesarias por la compra de vestimenta especial porque ello va en perjuicio de la economía de las familias. Las indicaciones vertidas por el director federal de Educación en Tamaulipas fueron hechas por escrito a los supervisores escolares. Les indicó que había que eliminar cualquier gasto superfluo entre los niños a su cargo.

Hoy sigue prevaleciendo en algunos planteles los gastos superfluos y a eso se suman las onerosas cuotas de mantenimiento que los padres se ven obligados a cubrir. Poco a poco se va formando la idea en la conciencia social de la necesaria privatización de la educación. Adquiere carta de naturalización y casi nadie exige el cumplimiento del artículo tercero constitucional que establece la gratuidad educativa.

Remache lagartesco

Si Usted conduce algún vehículo de Tampico hacia Altamira, tenga cuidado. En la avenida de la Industria unos lagartos se encuentran acechando, disfrazados de agentes de tránsito. Operan en patrullas. Son parte de la suave brisa del cambio encabezada, en Altamira, por Alma Laura Amparán.

contrarraya@gmail.com